Dimarts 23 de març a 19h
La violència com a forma d’expressió va tenir la seva presència entre el ramblerisme i contra ell. Del cas Papus al cas Escala, el Frap, el MIL, Terra Lliure, el FAC… fins al rebuig de la violència i la pena de mort.
Y van parlar, extensament, de el desenvolupament judicial d’aquests casos. De la falta total de garanties i respecte legal. De la arbitrarietat amb que es van fer judicis i sentencies.
Participants:
Magda Oranich
Carme Puig Antic
Carlos Jiménez Villarejo
Moderador:
Enric Sopena
La mesa redonda fue muy interesante. Todos hablaron con gran conocimiento de causa y especialmente de los casos en los que habían intervenido como profesionales, como amigos o compañeros de los que habían intervenido en la defensa del caso o como testigos y victimas, tal el caso de Carmen Puig Antic.
Hablando al final del acto con Carlos Jiménez Villarejo le comenté que siempre se analizan estos acontecimientos procesales, criticándolos y condenándonos (desde hace tiempo hasta la actualidad), pero no se habla del modelo actual como continuación de
Companys merecía otra respuesta
CARLOS Jiménez Villarejo
EL PERIóDICO 05/04/2010
No es admisible que el fiscal general del Estado rehúse pedir la nulidad del juicio del ‘president’.
(…)Y la sentencia, como todas, absolutamente tendenciosa y parcial, se fundamentó en leyes que no estaban vigentes, sobre las funciones del Ejército respecto de «enemigos interiores y exteriores», o aplicó disposiciones para justificar la condena a muerte que jamás se podían haber aplicado. Un proceso que, como todos, fue instruido por jueces y fiscales militares que eran ilegítimos, dependientes y parciales. Para culminar con el fusilamiento del president democrático de
PABLO SALVADOR CODERCH
EL PAÍS 05/04/2010
En nuestro sistema procesal histórico, que es el inquisitorial, el juez inquiere, no es un árbitro imparcial sino un investigador que ordena y dirige las pesquisas del caso. Esta tradición grava las maneras de hacer de nuestros jueces, pero
IGNACIO SÁNCHEZ – CUENCA
EL PAÍS 23 / 03 / 2010
…en nuestro país hay tres instituciones judiciales con clara relevancia Política: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
Recientemente, este periódico, (EL PAÍS), informaba sobre la composición de
Penal del Tribunal Supremo, encargada de resolver el asunto de Garzón y el de la red
corrupta del Partido Popular (Gürtel). De sus 15 miembros, uno fue nombrado en la
etapa de Felipe González, 10 en la de Aznar y cuatro en la de Zapatero.
Nueve de los 15 son claramente conservadores, entre ellos Adolfo Prego que tiene posiciones
filofranquistas. Si imponen sus tesis y condenan a Garzón y anulan las pruebas del caso Gürtel, ¿deben las instituciones representativas y la sociedad civil aceptar semejante abuso de poder en nombre del Estado de derecho y de la separación de poderes?
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